La ley antidescargas de Francia, Hadopi, ha comenzado a funcionar. Internautas sospechosos de descargar ilegalmente contenidos protegidos han recibido las primeras cartas de aviso. Si al tercer aviso no desisten de su conducta serán multados y se les cortará la conexión a Internet.
Las empresas gestoras de los derechos de autor están enviando unos 10.000 listados diarios de direcciones a la autoridad Hadopi, que luego selecciona a los sospechosos y remite la dirección al proveedor de Internet para que identifique a su cliente. Los proveedores están obligados a facilitar la identidad de los sospechosos, pudiendo ser multados con 1.500 euros por cada dirección no identificada.
La ley francesa persigue tanto al infractor de la ley como a los internautas que no tomen precauciones para evitar que su red sea utilizada por intrusos para realizar descargas ilegales.
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